TEMA 1.
Educación en el sistema educativo español
En el siglo XIX, dentro del Antiguo régimen, únicamente recibían educación aquellos que pertenecían a la nobleza y al clero. Eran los únicos que podían aprender a leer y a escribir.
En el período de la Ilustración o siglo de las luces, prima la razón sobre el dogmatismo religioso, lo que permite al pueblo llano acercarse al sistema educativo.
Con la llegada de un tercer estado o grupo social, la burguesía, se propugna un nuevo modelo de sociedad basada en ideas liberales que permite a este último grupo a acceder al poder político.
Con la revolución francesa (Marqués de Condorset) se pretende ofrecer educación a todos los estamentos. Gracias a esto, se da la caída del Antiguo régimen y la expansión por Europa del liberalismo. Este nuevo movimiento político se caracterizaba por la libertad de prensa, sociedad de clases, educación universal y gratuita, constitucionalismo, entre otros puntos.
La primera constitución aprobada fue la de las cortes de Cádiz en 1812 y con ella se planeaba poner en marcha un plan de instrucción pública que recogiera ideas educativas y que ampliara y desarrollara los principios constitucionales a lo que las universidades no respondieron adecuadamente pero la Junta sí. Así y por este motivo, Manuel José Quintana elaboró en 1814 un informe (llamado Informe Quintana) que recogía una exposición de principios básicos en el que se defiende que la instrucción debe ser igual, universal, uniforme, pública y libre; es decir, que constituye la mejor formulación del ideario liberal en lo que respecta a la educación.
Aparece una sociedad industrial. Gracias al Plan de Instrucción Pública, España progresará. Además, se obtiene igualdad y libertad y esto da lugar a una reforma social.
Pero poco después, se produce la llegada del rey Fernando VII a España. Su vuelta se caracterizó por la implantación del absolutismo más cerrado y anacrónico, pero también por una extremada persecución de todas las minorías políticas del país, pues poco después de su llegada al país, se produjo el primer alzamiento militar de la historia del siglo, a manos del general Elío, que tuvo como consecuencia el decreto de 4 de mayo de 1814, donde el rey declaró nula la Constitución de Cádiz y los decretos de las Cortes, volviendo, de esta manera, al antiguo régimen. En las cuestiones educativas, la principal consecuencia fue la vuelta de la educación a manos de la Iglesia, fundamentalmente la enseñanza primaria. En el nivel universitario se crea una Junta de Instrucción Publica para que elabore un programa más acorde con los principios del absolutismo político, aunque mientras tanto, se decide volver al plan de 1771.
En 1820 se produjo el pronunciamiento militar de Rafael de Riego cuya victoria dio paso al período conocido como El trienio liberal (1820-1823).
Fueron tres años en que los liberales llevaron el peso de la política española. El Reglamento de 1821 supone la redacción en forma de ley del Informe Quintana. Este reglamento dio carácter legal a una estructura del sistema educativo dividida en: primera; “debe incluir el aprendizaje necesario para leer y escribir correctamente, las reglas elementales de la aritmética y un catecismo que comprenda brevemente los dogmas de la religión, las máximas de buena moral y los derechos y obligaciones civiles”, segunda; “comprende aquellos conocimientos que al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse a otros estudios mas profundos, constituyen la civilización general de una nación” y tercera enseñanza; “comprende los estudios que habilitan para ejercer alguna profesión particular”, estructura inexistente formalmente en el antiguo régimen. Igualmente, ésta normativa sancionaba la división de la instrucción en pública y privada, y determinaba la gratuidad de la enseñanza pública.
En 1823 se reestablece el poder absoluto de Fernando VII por la intervención de las tropas francesas. Durante los diez años que dura esta época (el rey muere en 1833) la reacción absolutista llega con la derogación del Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 y la posterior promulgación del Plan literario de estudios y arreglo general de las universidades del Reino (1824), del Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras del Reino(1825); con el que se procedía al establecimiento de escuelas en poblaciones con más de 50 habitantes, y del Reglamento general de las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades (1826); por la que se trataba de inculcar desde las primeras letras, las ideas monárquico-religiosa y extinguir así el germen revolucionario. Las novedades más importantes son el establecimiento de la uniformidad de los estudios de todas las universidades y su exhaustiva reglamentación, la centralización de las universidades, y la articulación jerárquica del gobierno, la inspección y la dirección de las escuelas.
En 1833 comienza la regencia de Mª Cristina y, con ella, la llamada «década liberal». En 1836 se aprueba el Plan General de Instrucción Pública (Plan del duque de Rivas), que apenas tuvo vigencia, pero que supuso un importante antecedente de la Ley Moyano de 1857, que fue la primera ley de educación uniforme en España.
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| Duque de Rivas |
Éste Plan regulaba los tres grados de enseñanza tanto publico como privado, y dejaba atrás, el ideal de la educación universal y gratuita en todos sus grados, entendiendo la educación, como un instrumento de poder para adoctrinar de acuerdo con los fines del poder, acabando así, con la formación libre del espíritu libre.
Podemos diferenciar tres tipos de instrucción:
1. La instrucción primaria, que comprende la primaria elemental y la superior. Se establece el carácter gratuito de las escuelas públicas para los niños que sean verdaderamente pobres. Los maestros que se formen en escuelas normales, para poder acceder a una escuela pública ha de tener cumplidos los veinte años, poseer el titulo y obtener un certificado de buena conducta de carácter municipal. Además los Ayuntamientos han de facilitarle a éstos, casa o habitación, costear las infraestructuras y el salario del maestro.
2. La instrucción secundaria, dividida en elemental y superior. Aquí se mantendrá el viejo ideario liberal de una enseñanza media como extensión de la primaria.
3. La instrucción superior, a las que corresponden las facultades, las escuelas especiales y los estudios de erudición, respectivamente. A este nivel, se regulará el régimen del profesorado, el método de enseñanza y los exámenes.
Tras la aprobación de la Constitución de 1837 hubo intentos de desarrollar normativamente los preceptos constitucionales, pero la sublevación de Espartero imposibilitó su aplicación. Ésto trajo consigo el dominio de los progresistas y con ellos la preocupación por la enseñanza secundaria, apareciendo por éste motivo, el proyecto de Infante. Mediante el cual, se establece que:”comprenderá los estudios preparatorios para toda carrera literaria y los que sirven generalmente, para la cultura humana, atendiendo a las necesidades especiales de los pueblos y de las clases productoras”.
En 1843, con la mayoría de edad de Isabel II, se abre un nuevo período en la historia de España que dura hasta 1854: es la llamada «década moderada». La ley clave de esta etapa, de marcado carácter liberal moderado, es la Constitución de 1845. En el terreno educativo se aprueba, en 1845, el Plan General de Estudios (llamado Plan Pidal), por el cual se regula la enseñanza secundaria y superior; en la cual, se considera a la primera, continuación de la instrucción primaria y es dividida en: Elemental, que abarca los conocimientos necesarios para toda persona bien educada. Y de ampliación, que prepara para el estudio de ciertas carreras. Y a la superior se la regula bajo los principios de uniformidad y centralización, llevando ésta hasta sus últimas consecuencias. Siendo una de ellas que el rector sea nombrado directamente por el rey, acabando así con la autonomía de las viejas universidades.
Por otra parte, se autoriza la enseñanza privada para los estudios de segunda enseñanza, aunque necesitaran de una autorización expedida por el Gobierno.
En éste nuevo plan de estudios, se renuncia a una educación universal y gratuita en todos los grados y se establecen las bases para la primera definición del sistema educativo contemporáneo, que se realiza con la promulgación de la Ley Moyano en 1857.
En la II República, con la constitución republicana de 1931, se proclamaba a la escuela como única, gratuita y además, la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación.
Precisamente de ésta normativa de carácter educativo, destacan los cambios sobre aquellos temas pendientes hasta entonces. Entre ellos, la regulación del bilingüismo, permitiendo que en las escuelas primarias se enseñe en lengua materna, aunque sea diferente del castellano, además de cursos de perfeccionamiento del catalán organizados por la Universidad de Barcelona; se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, aunque se mantendría en aquellos casos en que los padres lo desearan y se desvinculaban de impartir ésta asignatura a aquellos maestros que invocaran la libertad de conciencia. Con lo que la libertad religiosa es, en la escuela, respeto a la conciencia del niño y del maestro; se reforma la formación inicial de los docentes, para lo cual se creo mediante el decreto de 29 de mayo de 1931 las misiones pedagógicas, “encargadas de difundir la cultura general, la orientación docente moderna y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural”.
Fue una propuesta inspirada probablemente en la ILE, consciente de que la modesta escuela primaria no podía dotar de los bienes de la cultura a los medios rurales; y se regula la inspección de primera y segunda enseñanza.
Quizás uno de los pocos aciertos de la II República fue el permitir el voto femenino y el desarrollar la legislación para crear una escuela pública, obligatoria, laica y mixta. "Sin ninguna duda, la mejor tarjeta de presentación de la República fue su proyecto educativo", asegura el catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Molero. "Efectivamente, fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador", ratifica la doctora en Historia por la Universidad de Huelva Consuelo Domínguez. Tanto ella como Molero se han especializado en la enseñanza de la II República, un ambicioso proyecto que los maestros acogieron con entusiasmo.
Con la llegada de Franco (reforma gentille), en la misma línea que los anteriores gobernantes y de casi todos los que vinieron después, el Régimen franquista ejerció el control de la educación y de la cultura como uno de los instrumentos más eficaces. Intentó erradicar los vestigios de emancipación femenina heredados de la República y fomentó la imagen de la mujer en el hogar como esposa, madre y educadora.
Para elaborar una educación acorde al papel que se esperaba de la mujer, se elaboró un curriculum con asignaturas específicas para niñas, tales como Hogar, que comenzaba en la enseñanza primaria y se mantenía a lo largo de todo el ciclo educativo con el objetivo de completar tu formación para ser una perfecta ama de casa.
A pesar de todo, no está muy claro lo que algunas autoras han afirmado con alegre rotundidad en el pasado.
Durante este período, también se daba una fuerte influencia de la Iglesia en la educación y a esto se le sumaba la falta de libertades. Pues, la educación se utilizó como método de exacerbación del Nacionalismo e intolerancia hacia las otras culturas, es decir, se quería eliminar todo aquello que no fuera español.
En septiembre de 1936, el general Franco asumió con poderes absolutos el gobierno de España. Su gobierno dictatorial terminó el 20 de noviembre de 1975, con su deceso. En su gestión rigieron Leyes Fundamentales, que si bien otorgaban algunos derechos, no los respaldaban con las correspondientes garantías. Dos días más tarde a su muerte, fue proclamado rey, Juan Carlos, quien fue el encargado de preparar la transición hacia la vida democrática.
En julio de 1976, se designó legalmente un gobierno bajo la presidencia de Adolfo Suárez González. En el mes de octubre este gobierno envió a las Cortes, un Proyecto de Ley sobre la Reforma Política, que ponía en manos de los representantes del pueblo la potestad legislativa y reconocía los derechos humanos fundamentales, que fue aprobada por ese organismo y por un referéndum. La misma brindaba la opción, de que la reforma constitucional fuera efectuada por el gobierno, o el Congreso de Diputados.
El 15 de junio de 1977, se eligieron los miembros de las Cortes democráticamente, y la tarea prioritaria de esta institución fue la redacción de un texto constitucional, que de acuerdo a la opción antedicha correspondió a los diputados. Éstos en número de siete presentaron un anteproyecto que se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, y luego por el Congreso de Diputados en pleno. Aprobado, pasó para su discusión al Senado, donde primero se lo trató en la Comisión Constitucional y luego por el cuerpo en su conjunto. El texto definitivo, a fin de salvar la divergencias, fue reelaborado por una comisión mixta, que finalmente logró la aprobación de ambas cámaras.
El 6 de diciembre (que quedó consagrado como Día de la Constitución) de 1978, el 87 % de los votos dio el sí definitivo por referéndum, al texto constitucional.
Durante todo el S. XXI, hemos pasado por diferentes leyes aprobadas, que son las siguientes:
-Ley General de Educación de 1978: La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa fue impulsada por José Luis Villar Palasí, ministro de Educación español desde 1969.
Esta ley estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, cursando la EGB, Educación General Básica, estructurada en dos etapas. Tras esta primera fase de ocho cursos el alumno accedía al BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, o a la recién creada FP, Formación Profesional. Con esta ley se reformó todo el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la universitaria, adaptándolo a las necesidades de escolarización.
-Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985: Conocida por sus siglas LODE, no es una ley que afecta a la estructura del sistema educativo, sino que regula la dualidad de centros docentes, la participación en la enseñanza de la comunidad educativa, el derecho a la educación y determina la dirección democrática, frente a la tecnocrática anterior. Su desarrollo más concreto en los temas citados consta en el RD 2376/1985. Este Decreto ha sido modificado parcialmente por los Reglamentos Orgánicos de Escuelas de Educación Infantil y de Colegios de Educación Primaria y de Institutos de Secundaria y por la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regula la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.
-Ley de Ordenación General del Sistema Educativo español de 1990: La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre) fue una ley educativa española, promulgada por el gobierno del PSOE y sustituyó a la Ley General de Educación de 1970, vigente desde la dictadura de Franco. Ha sido derogada por la Ley Orgánica de Educación (LOE), en el año 2006.
-Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG): LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno), que reforma algunos puntos de la LOGSE: se reafirma el derecho a la educación sin discriminación y consolida la autonomía de los centros educativos.
-Ley Orgánica de la calidad de la Educación: LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación), norma que no llegó a concretarse, pretendía obtener calidad educativa para todos los niños y jóvenes con distintas reformas, una de ellas la definición del tratamiento de los alumnos con necesidades especiales. La norma se basaba en los valores del esfuerzo y la exigencia personal como condiciones básicas para mejorar la calidad del siempre [...]
-Ley de Calidad y Cohesión de la Educación: Fue la última ley en el año 2006 y funde la LOGSE, la LOPEG y la LOCE, los objetivos de esta norma eran ofrecer una educación de calidad y que en ello se implicara toda la comunidad educativa. Se mantiene la estructura de la LOGSE.
La UE y la UNESCO quieren mejorar la calidad y la eficiencia del sistema educativo mediante varios proyectos como el aprovechar al máximo los recursos que poseemos, mejorar el aprendizaje de nuevos idiomas así como la capacitación de los docentes, entre otros. Además, la UE en el horizonte 2020 tiene objetivos tales como que el porcentaje de niños con 15 años de edad con capacidades insuficientes en lectura, matemáticas y la ciencia sea menor al 15%, que el porcentaje de abandonos prematuros de la ecuación y la formación sea inferior al 10%, que la proporción de 30 a 34 años de edad con un nivel educativo superior debe de ser un número menor al 40% y que al menos un promedio del 15% de los adultos con edad entre 25-64, participen en el aprendizaje permanente.
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| Gráfico que presenta la cantidad de población con al menos Bachillerato o CFG, en España y Europa en 2008. |
Hoy en día, la educación sigue siendo un tema que genera mucho interés. El video más visto en la historia de TED es la conferencia de Sir Ken Robinson: “La escuela mata la creatividad” (2006), que está por superar los 17 millones de reproducciones. El futuro de la educación no debe centrarse en los datos sino en la construcción de modelos donde la prioridad sea educar con lo mejor.
En un documento titulado “Turning on mobile learning in Europe” (2012), la UNESCO examina el panorama mundial a fin de ofrecer ejemplos específicos sobre cómo las tecnologías móviles, en gran medida gracias a su disponibilidad y bajo costo, pueden ofrecer respuestas a problemas educativos concretos en diversos contextos, complementar y enriquecer la educación formal y, en general, lograr que el aprendizaje sea más accesible, equitativo y personalizado en el mundo entero.
No es sencillo crear planes para un futuro aún desconocido pero ese es el gran asunto que nos convoca. No se necesitan más datos sino otra mentalidad. Una nueva mentalidad. Existe una certeza, una evidencia: los países que no inviertan en el futuro (en los niños, en los jóvenes), no tendrán demasiadas opciones cuando ese futuro llegue.
La necesidad imperiosa de poner a la educación en el centro de las prioridades debería estar fuera de discusión.
